Constitución aprueba dictamen que remueve a la JNJ y somete a la ONPE y el Reniec ante el Congreso

propuesta pasará al Pleno
Grupo de trabajo aprobó con 13 votos el proyecto de ley que plantea la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura en su reemplazo y que también busca que jefes de la ONPE y el Reniec sean elegidos por el Senado del Congreso

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, liderada por la fujimorista Martha Moyano, aprobó el dictamen de reforma constitucional que busca eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que será reemplazada por una nueva institución, la Escuela Nacional de la Magistratura. Decisión se tomó con 15 votos a favor y 5 votos en contra, lo que generó que esta propuesta de reforma constitucional sea aprobada por mayoría y esté disponible para ser modificada en el Pleno del Congreso.

La parlamentaria Gladys Echaíz, quien promovió la iniciativa, sostiene que la Escuela Nacional de la Magistratura mejorará el proceso de selección de jueces y fiscales, en comparación con el sistema actual. Además de desactivar a la JNJ, el dictamen plantea una serie de reformas que permiten que el Congreso termine por hacerse cargo de la elección de los jefes de la ONPE y el Reniec.

El siguiente paso en el proceso legislativo será la presentación de la propuesta al Pleno del Congreso para su debate y posible aprobación. De acuerdo al reglamento del Congreso, para que esta reforma constitucional se haga efectiva, debe ser aprobada en una doble votación en el Pleno, que debe ocurrir en dos legislaturas consecutivas. A diferencia de las leyes ordinarias, para esta iniciativa no es posible exonerarla de una segunda votación.

Según lo revelado por la agenda de sesiones de este miércoles 5 de junio, la Comisión de Constitución citó a una sesión para las 2:00 p.m. de hoy con un único punto en la agenda, la culminación del debate y la votación de un proyecto de reforma constitucional que plantea la disolución de la JNJ. Ello mediante su reemplazo con otras entidades como la Escuela Nacional de la Magistratura y el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia.

Dicha sesión fue convocada por la presidenta de dicho grupo de trabajo, la congresista de Fuerza Popular Martha Moyano, quien puso a votación el predictamen planteado por Gladys Echaíz como prioritario y a horas de la realización del Pleno del Congreso. En la agenda difundida por la página oficial, se plantea que dicho predictamen, que comprende la acumulación de un total de 11 proyectos de ley, sea aprobado para finalmente modificar un total de 13 artículos de la Constitución y ampliarla en dos apartados más, con los artículos 144-A y 150-A.

Ello, a fin de “crear la Escuela Nacional de la Magistratura y el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia, y para regular constitucionalmente la Autoridad Nacional de Control de la Judicatura del Poder Judicial y la Autoridad Nacional de Control de la Función Fiscal del Ministerio Público”; como una manera de remover a la Junta Nacional de Justicia y disolver las competencias que esta tiene para el control de jueces y fiscales supremos así como la elección y ratificación de los jefes de la ONPE y el Reniec.

Como si las intenciones de controlar el sistema judicial no fueran suficientes; el predictamen plantea también que la función de nombramiento de los directivos de estas dos instituciones veladoras de un desarrollo transparente de procesos electorales, esté a cargo de una futura cámara de Senadores que finalmente fue establecida en marzo de este año, gracias a la aprobación del retorno a la bicameralidad.

Así, el Congreso, a manos de este senado superpoderoso, tendrá injerencia e influencia directa en los procesos electorales que vienen cuestionando desde el año 2016, en el que un grupo de simpatizantes de Fuerza Popular establecieron una falsa teoría de fraude que se vino perpetuando en cada elección ante las constantes derrotas del fujimorismo.

De hecho, esta postura incluso estuvo plasmada al momento del planteamiento del proyecto por Gladys Echaíz, y se refleja en el predictamen aseverando que la JNJ había mostrado “complacencia y permisibilidad en algunos casos, como el ocurrido con el jefe de la ONPE que se hizo cargo de los últimos comicios electorales”.

Por ello, respecto al jefe de la ONPE, el documento establece en el artículo 182 que “el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es nombrado por el Senado del Congreso de la República por un periodo renovable de cuatro años”.

Mientras que en el caso del jefe del RENIEC, el documento en su artículo 183 precisa que “el jefe del Registro Nacional de Identificación y estado Civil es nombrado por el Senado del Congreso de la República por un periodo renovable de cuatro años”.

En ambos casos, el predictamen precisa que ambos “pueden ser removidos por el mismo órgano (es decir, el mismo Congreso) por falta grave con la misma votación. Estando afectos a las mismas incompatibilidades previstas a los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones”.

Con esta disposición, el Legislativo plantea que la próxima cámara de Senadores del Congreso se haga de cada vez más capacidades, sumando una atribución más al supersenado advertido tras la aprobación de la bicameralidad en marzo de este año.

Coincidentemente, esta sesión se da de manera previa al pleno que se llevará a cabo este miércoles a partir de las 3:00 p.m. Si bien este predictamen no está consignado en la agenta por falta de aprobación en Constitución, no se descarta que una vez aprobado el proyecto, ya en calidad de dictamen, este si pueda ser priorizado en la agenda a solicitud de Moyano o cualquier otro legislador. Como consecuencia, la aprobación de esta reforma en primera votación sería inminente.

Cabe destacar que si este proyecto llega al pleno y es aprobado en primera votación, aún no puede ser del todo establecido, pues, por ser un proyecto de refo

rma constitucional, necesita de dos periodos legislativos para hacerse posible. O sea, debe esperar a la próxima legislatura para volver a ser votado y aprobado. Asimismo, si el proyecto no supera los 87 votos mínimos para que una reforma constitucional se logre realizar y modifique directamente la carta magna en alguna de las dos votaciones, deberá ser sometida a un referéndum.

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