El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, anunció que la Fiscalía de la Nación decidió archivar la investigación que se seguía en contra de la mandataria por el delito de genocidio por el caso del fallecimiento de 49 personas durante las protestas en su contra al inicio de su gobierno.
En comunicación con RPP, Campos sostuvo que el Ministerio Público también decidió que el expediente del caso se divida en dos y diferencie el delito de genocidio -que ya fue archivado- de la investigación que se sigue por el delito de homicidio y lesiones, que continúa su curso y que no se ha visto afectado por el archivamiento de la primera indagación.
“Se va a seguir investigando homicidio y lesiones; y se ha ordenado el archivamiento del delito de genocidio, cosa que saludamos (…) Celebramos porque la idea de la existencia de una imputación tan grave le hace daño no solo a la presidenta de la República, sino que le hace daño al país”, sostuvo Campos en el medio radial. “Es importante recuperar la calma, la serenidad, y recibir con algún tipo de satisfacción, pero mantenemos el conflicto porque mantiene la idea en el caso de homicidios y lesiones
El defensor de la mandataria también indicó que el argumento principal para que la Fiscalía tome la decisión es que no se configuraron los elementos suficientes que permitan calificar lo ocurrido como un genocidio.
Por su parte, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la decisión tomada por el Ministerio Público por medio de su cuenta en X.
“Lo que vimos fueron manifestaciones violentas que activaron el deber constitucional de controlarlas y ahí pudo haber muertes por un mal uso del arma por parte del policía o por un buen uso del arma, o una circunstancia casual. Todo eso se tiene que investigar antes de iniciar una investigación contra el presidente de la República, pero el genocidio era una locura. Nunca tuvo sentido”, afirmó el abogado
Campos también sostuvo que, a su criterio, la investigación contra Dina Boluarte no debería existir “en tanto no se hayan determinado responsabilidades en cada lugar. Como existe esta investigación, presumimos que todo se hizo mal y eso afecta a la defensa de los policías y militares que tienen derecho de ser escuchados y eso no ocurre”.
Por su parte, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la decisión tomada por el Ministerio Público por medio de su cuenta en X.
“Poco a poco la justicia se abre paso. No hay mérito para acusar constitucionalmente a la señora presidenta de la República y se archiva definitivamente el presunto delito de Genocidio. Lo dijimos, esta denuncia fue siempre un despropósito”, indicó el ministro Adrianzén, que compartió parte del documento oficial enviado por la Fiscalía.
La Fiscalía de la Nación decidió archivar la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por el delito de genocidio. (Foto: Composición – Renato Silva/X/Gustavo Adrianzén)
Familiares de víctimas reaccionan al archivamiento de la investigación por genocidio
Milagros Samillan, familiar de una de las víctimas que fallecieron en las protestas contra Dina Boluarte, indicó en Exitosa que “me encuentro indignada, molesta. A mí me han quitado a mi hermano (…) nos causa mucha indignación y dolor. Nos vamos a reunir con nuestros abogados. Estamos organizando una marcha en rechazo a esta noticia que nos están dando”
Por otro lado, el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, indicó que este archivamiento no significa que la presidenta o los ministros involucrados se hayan librado de responsabilidades penales.
“La Fiscalía, al estar próximo el cierre de la investigación, está tomando decisiones para hacer una suerte de saneamiento del curso de la investigación, desestimar términos procesales de la investigación por el delito de genocidio. Esto no significa que Boluarte o los ministros queden excluidos de algún tipo de responsabilidad legal. La investigación por el delito de homicidio calificado persiste”, afirmó en Exitosa.
20 investigaciones contra Dina Boluarte por muertes en protestas
Hace apenas unos días, el 20 de julio de este año, la Fiscalía había sumado dos investigaciones preparatorias adicionales a las 18 ya existentes en etapa de formalización contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las manifestaciones contra la mandataria entre diciembre del año 2022 y enero del 2023.
ARCHIVO – Una mujer enciende una vela en una vigila en homenaje a los manifestantes que murieron en enfrentamientos con la policía durante las protestas contra el gobierno, en Lima, Perú, el 9 de febrero de 2023. Los familiares de los fallecidos en las protestas en las que piden la renuncia de la presidenta peruana, Dina Boluarte, criticaron el miércoles 5 de abril de 2023 el lento avance de las investigaciones sobre las muertes por parte de la Fiscalía. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)
A la fecha, son 20 las investigaciones preparatorias formalizadas en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho. En total son 160 los involucrados en estas investigaciones, entre ellos, miembros de la Policía Nacional y el Ejército imputados por las muertes y lesiones en contra de 274 civiles que estuvieron en las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte.
Por otro lado, la presidente Dina Boluarte podría estar bajo investigación por supuestas violaciones graves a los derechos humanos, similares a las cometidas por el exdictador Alberto Fujimori, según un reciente informe de Amnistía Internacional.
El documento, publicado este jueves 18 de julio, señala posibles faltas durante el conflicto que rodeó su asunción al poder, sugiriendo que Boluarte podría ser investigada como autora mediata. El informe de Amnistía Internacional detalla patrones de intimidación por parte del Estado en las marchas contra Boluarte y su presencia en 29 reuniones del Consejo de Ministros, donde no intentó frenar los abusos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Las conclusiones de Amnistía Internacional, en un documento de más de 80 páginas, subrayan que la presidenta, en su calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tenía la capacidad de cambiar las tácticas represivas, pero no tomó medidas para hacerlo.
Madeleine Penman de Amnistía Internacional advirtió que la responsabilidad de Boluarte estuvo presente durante todo el conflicto social, ya que “la presidenta asistió y presidió 29 reuniones […] y no tomó la oportunidad para ordenar un cambio de tácticas real”.
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