CIUDAD DE MÉXICO, 1 sep (Reuters) – La Cámara de Diputados de México tiene previsto abrir el martes el debate sobre una controvertida reforma judicial y se espera que apruebe la legislación más adelante en la semana, dijo el domingo Ricardo Monreal, líder del partido gobernante en la cámara.
La reforma judicial, propuesta por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta entrante Claudia Sheinbaum, ha provocado una huelga de trabajadores judiciales, tensado las relaciones con Estados Unidos y asustado a los inversores extranjeros.
La columna vertebral de la reforma constitucional vería a más de 7.000 jueces y magistrados elegidos por voto popular. Reduciría el número de jueces de la Suprema Corte de 11 a 9 y acortaría sus mandatos de 15 a 12 años. También crearía un nuevo organismo para supervisar a los jueces.
Los partidarios de la reforma dicen que es necesaria para abordar el alto nivel de impunidad de México para los delitos violentos. Monreal dijo el domingo que los legisladores debatirían y votarían la reforma el martes y miércoles y luego enviarían la legislación al Senado. El partido gobernante Morena y sus aliados tienen una supermayoría de dos tercios en la cámara baja y les falta sólo un escaño en el Senado.
El domingo, estudiantes universitarios y trabajadores judiciales protestaron frente a la sede del Senado en oposición a las medidas.
Obrador dice que las reformas son necesarias porque el sistema judicial “no está al servicio del pueblo” y en cambio “responde a los intereses del crimen organizado”.
Pero los expertos dicen que gran parte de esta impunidad es impulsada por los fiscales, la policía y las procuradurías generales a nivel estatal, que tienen recursos limitados y cuyas oficinas a menudo están plagadas de corrupción. Estas entidades no se verían afectadas por la reforma judicial.
Los sindicatos que representan a los trabajadores judiciales dicen que los cambios propuestos pisotearían los derechos laborales y que la elección popular de los jueces corre el riesgo de permitir que intereses especiales, incluidos los grupos criminales, tomen el control del poder judicial.
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