Los legisladores peruanos están desmantelando las instituciones
The Economist, Londres, 18/7/2024, Últimamente, Perú se ha acostumbrado a intentos de juicio político, amenazas de disolver el Congreso y acusaciones de golpe de Estado en batallas incesantes entre el ejecutivo y el legislativo. Sin embargo, desde diciembre del 2022 entre Dina Boluarte, y el Congreso surgió una paz que llama la atención . Ambos poderes profundamente impopulares, las encuestas le dan a Boluarte un índice de aprobación de sólo el 5%, el más bajo de toda América.
Boluarte nunca fue aceptada, llegó al cargo porque era vicepresidenta de Pedro Castillo, un izquierdista acusado y arrestado por declarar un golpe de Estado contra el Congreso y los tribunales. Sus primeras semanas estuvieron marcadas por protestas violentas en las que las fuerzas de seguridad mataron a unos 50 manifestantes. La economía ha languidecido durante su mandato, mientras que el crimen y la pobreza ha crecido. Como burócrata mal pagada, antes de hacerse de la presidencia, Boluarte no ha logrado explicar el uso de relojes tan caros como los Rolex.
Las demandas iniciales de elecciones anticipadas se han desvanecido, tanto como los llamados a su destitución por los Rolex que dice provienen de “préstamos”. ¿Por qué sobrevive? La respuesta es que ella no dirige el país; los que están a cargo son legisladores de derecha y de centro que dirigen el Congreso, que a su vez tiene una tasa de aprobación de sólo 4%. Dado que Boluarte carece de vicepresidente, la Constitución exige que, si ella cae, el Congreso debe convocar elecciones. Pero sus miembros no tienen ningún deseo de acortar su mandato ni los generosos salarios y beneficios que disfrutan.
Si bien Boluarte a menudo no tiene nada programado en su agenda oficial, los legisladores están ocupados tratando de destituir a los miembros de la junta que supervisa el poder judicial y han aprobado contrarreformas que desmantelan esfuerzos anteriores para fortalecer las instituciones y el estado de derecho. El Congreso derogó una ley para frenar la minería ilegal, neutralizó un organismo encargado de regular las universidades con fines de lucro que atienden a estudiantes más pobres y permitió que miles de maestros que no aprobaron exámenes básicos regresaran a las aulas.
Algunas de las nuevas leyes tienen mérito. El Congreso ha derogado una prohibición, aprobada mediante referéndum en 2018, que impedía a sus miembros presentarse a mandatos consecutivos. Esto fue popular pero equivocado: a los políticos se les negó seguir en carrera y los votantes no pueden exigirles cuentas. El resultado: más de la mitad de los 130 actuales son sospechosos de investigaciones penales, según el diario La República. La ley de minería fue ineficaz: actualmente hay alrededor de 700.000 mineros ilegales en Perú. Pero muchos de los cambios son interesados. Uno de ellos implica una nueva ley que reduce las multas para los partidos que no informan los gastos de campaña, una bendición para los políticos que los utilizan para enriquecerse.
El tribunal constitucional también ha aumentado el poder de la legislatura después de que el Congreso nombrara nuevos magistrados en 2022. Una de sus decisiones permitió al Congreso iniciar nuevas medidas de gasto, que la propia constitución prohíbe. Esto es malo para la credibilidad fiscal del Perú, ganada con tanto esfuerzo. Los legisladores han aprobado hasta ahora casi 50.000 millones de soles (13.000 millones de dólares) en gastos extrapresupuestarios, según el consejo fiscal, un órgano asesor oficial. En el pasado, el Ministerio de Economía tendía a restringir los caprichos populistas de los legisladores. Pero guardó silencio mientras el Congreso concedía bonificaciones a jubilados y jueces, establecía exenciones fiscales regresivas e ignoraba su propio límite para el déficit fiscal. “Ya no hay un adulto en la sala”, dice Alonso Segura, ex ministro de Hacienda que preside el consejo.
A principios de este mes, el Congreso aprobó una legislación para eximir de procesamiento los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002. Esto es contrario al derecho internacional de derechos humanos. El beneficiario más conocido es Alberto Fujimori, quien gobernó Perú como autócrata de 1990 a 2000. La medida anularía su condena por orquestar el asesinato de 25 civiles mientras era presidente. Pero los fiscales dicen que también los obligaría a cerrar 600 casos de asesinato, tortura y violación derivados de la batalla entre las fuerzas de seguridad y Sendero Luminoso, un grupo terrorista maoísta, en las décadas de 1980 y 1990. Boluarte ya desafió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al liberar a Fujimori de prisión después de que un tribunal local confirmó un indulto.
Muchos peruanos esperan que las próximas elecciones, previstas para 2026, traigan un mejor liderazgo. Los augurios no son buenos. Más de 30 partidos tienen previsto participar. Es improbable que Fujimori, que tiene 85 años, diga que planea postularse nuevamente. Y el próximo presidente se enfrentará a un Congreso empoderado.■
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