“Cuando en Guatemala se usan herramientas judiciales para perseguir políticamente al adversario o para evitar que se sepa la verdad en cuanto a actos de corrupción o de violaciones a los derechos humanos, queda claro que la independencia del Poder Judicial no existe”, explica a DW Antonia Urrejola, exministra de Exteriores de Chile. Urrejola integra el Panel de Expertos Independientes que observan las elecciones a magistrados a las Altas Cortes de Guatemala, que tendrán lugar en octubre.
La cooptación de la institución
Según Urrejola, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el papel, el proceso guatemalteco cumple con estándares internacionales y da garantías de independencia, porque garantiza la participación de distintos sectores. En la práctica, sin embargo, se observan anomalías que vienen de muy lejos.
¿Un ejemplo? Las comisiones de postulación, conformadas por sectores académicos, profesionales y gremiales se encargan de proponer candidatos para los órganos del Estado, en este caso de las Altas Cortes.
¿Cuál es el problema? “Estas comisiones están cooptadas por grupos de interés que quieren consolidar la impunidad en Guatemala. Hay universidades creadas especialmente para tener un decano aliado; hemos visto magistrados que tienen voz en una de las comisiones y se postulan en la otra para negociar su voto”, explica Urrejola.
¿Un sancionado internacional impartiendo justicia?
Por si fuera poco, “en este momento hay por lo menos nueve personas que quieren ser magistrados, a pesar de que han sido sancionados por el departamento de Estado de Estados Unidos, por Canadá y por la Unión Europea por acciones antidemocráticas y corruptas”, sigue Antonia Urrejola.
En ese grupo está el fiscal Rafael Curruchiche, aliado de la fiscal general Consuelo Porras, dos de las cinco personas sobre las que penden sanciones de la UE desde febrero de 2024 “por acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho u obstaculizan el traspaso pacífico de poderes en Guatemala”. Se trata de los intentos del Ministerio Público de impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Las sanciones incluyen inmovilización de bienes y la prohibición para ciudadanos y empresas europeas de poner fondos a su disposición. Tampoco se les permite entrar en territorio de la UE.
Así mismo, los intentos de retirar la inmunidad al mandatario guatemalteco y las acciones que erosionan el Estado de Derecho provocaron recientemente (agosto 2024) un nuevo comunicado de la diplomacia europea recordando las sanciones que penden sobre ellos.
Sin perder la esperanza de justicia
“Los sancionados tienen vínculos con actores de la corrupción y quieren refugiarse en altos cargos para garantizar su impunidad”, dice a DW, por su parte, Feliciana Herrera, alcaldesa ixil de Nebaj. En esa ciudad aún persiste la sombra del genocidio a los pueblos indígenas de 1980. A pesar de que la ONU ha investigado los hechos y los reconoce como genocidio, 40 años después, el Estado de Guatemala sigue manteniéndolo impune. Este año, las comunidades afectadas han vuelto a llevar su caso a los tribunales con esperanza de justicia.
“Pero no se trata solamente de los pueblos indígenas; toda la población guatemalteca se ve afectada, porque sin justicia no hay democracia. Pensemos en todos los exiliados perseguidos por un sistema de justicia manejado por actores corruptos. Nos preocupa que desde la instituciones se fortalezca el crimen organizado”, sigue Feliciana Herrera. La alcaldesa Herrera, quien es firmante de un comunicado de las autoridades indígenas pidiendo transparencia, se refiere a mandatos presidenciales anteriores ya marcados por la corrupción, y, no obstante, detecta “un especial deterioro y retroceso en los últimos cuatro años”.
La preocupación es grande. “Entre los que se postulan a magistrados está también Cinthia Monterroso, la fiscal que mantiene en la cárcel a José Rubén Zamora, periodista y director de El Periódico”, detalla Antonia Urrejola, basándose en informes de la CIDH, de su relator especial para la Libertad de Expresión y de la ONU.
En este contexto, ¿cabe la esperanza de un aparato de justicia independiente? “Sí”, responde Urrejola. “En las listas de postulación hay personas probas. El punto crucial estará en la votación a comienzos de octubre en el Congreso”, puntualiza.
Para ello, Urrejola, a nombre de las organizaciones regionales, pide el apoyo y la atención internacional. “Esperamos que Bruselas llame la atención a los que van a elegir a los magistrados, dejando claro la importancia de un aparato de justicia independiente para la democracia”, afirma Urrejola. “Esto no solo favorece a la institucionalidad y al pueblo guatemalteco. Favorecería al mismo Rafael Curruchiche, quien llegado el caso querría ser juzgado por magistrados independientes”, concluye.
(cp)
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