En un mundo con inteligencia artificial (IA), internet de las cosas y big data introducidos en diferentes sectores productivos que cambian la empleabilidad creando desempleo y desplazando a los menos preparados, la energía como recurso que mueve el planeta adquiere extraordinaria importancia en la geopolítica y geoeconómica global mucho más en países dotados de recursos no renovables como petróleo, gas, cobre y otras riquezas naturales.

Movimiento que estimula el apetito político, empresarial y gubernamental para, en la mayoría de los casos en confabulación mediática derrocar gobernantes, establecer modelos económicos ajustados a intereses particulares, corporativos y de gobiernos, propiciar guerras y apoderarse de recursos cada vez más escasos.

Aun cuando la electrificación tenga un pronóstico de cuota de mercado del 50% para el 2050 su masificación en el corto o mediano plazo tardará para no reemplazar la fabricación convencional de  vehículos a combustión que continuará pese al viraje productivo tecnificado que introduce la IA, por intereses de la OPEP que reduce la oferta para subir precios o los baja intencionalmente, por el incremento de aranceles o por la falta de políticas públicas para crecer en infraestructura como ocurre en países pobres y emergentes entre ellos Perú.

Los combustibles fósiles mueven 97,5 millones de vehículos fabricados en 2017 un crecimiento de 73 % en 19 años desde 1999 pese a que el Covid19 y la guerra Rusia- Ucrania crearon desabastecimiento de suministros generando en el 2020 un retroceso de -16 % y 91,8 millones de producción frente al 2019, manufactura que se recuperó el 2023 a 93,55 representando un progreso de 66,3 % en 25 años.

Si a este proceso fabril le adicionamos los de todos los sectores manufactureros, el consumo militar por aire, tierra y mar, el consumo diario personal y de servicios, el petróleo y sus derivados son trascendentales y generan enorme dependencia igual para sectores que usan kerosene obtenido por fraccionamiento como GLP, gasolina, gas, lubricantes, aceites pesados, parafinas y asfaltos más lo que crea la petroquímica, el impacto económico de la energía es impresionante.

Existe enorme desconocimiento del nivel estratégico que adquiere el sector energético que lleva a funcionarios, políticos e incluso académicos y/o colegios profesionales a tomar decisiones desacertadas a las que se suma un ambiente de extrema desinformación para favorecer grupos empresariales en detrimento de los intereses nacionales.

El contexto histórico energético en contra de Perú nos retorna a la Brea y Pariñas, explotada desde 1890 por London Pacific Petroleum Co., que cedió derechos de arrendamiento a la International Petroleum Co. (IPC), que contando con el apoyo de uno de los trabajadores del registro de propiedad inscribió una ínfima cantidad de terrenos determinó que la IPC explotara durante 54 años los yacimientos petroleros del norte peruano (1914/1968) y dejara de pagar al fisco 690 millones 524,000 dólares.

Un extremo grado de corrupción de funcionarios como Alberto Salomón Lozano, ministro de RREE de Augusto B. Leguía que vía el Tratado Salomón Lozano se entregó a Colombia 100,000 kms2 de territorio peruano en el Trapecio Amazónico, es el que permitió a la vez la aprobación del Laudo de París donde Perú perdió soberanía de sus pozos petrolíferos que explotaba la IPC, determinando que EEUU y Gran Bretaña decidieran asuntos que solo debió resolver el estado peruano, eventos que constituyen entre otros, dos de los escándalos de suprema corrupción gubernamental.

El laudo a la par de perjudicar la autonomía de las reservas petroleras estableció el mísero pago de S/.30 soles anuales por 50 años por pertenencia trabajada de las 41 614, S/.1 sol por las no trabajadas y las no explotadas, las abandonadas pasaban a poder del gobierno.

En 1968, con Belaunde y la venia congresal de los apristas Manuel Cox y Townsend, que supuestamente con el Acta de Talara al anularse el laudo se corregían las irregularidades, la IPC a cuenta de su deuda entregaba sus instalaciones y los campos petroleros a la peruana Empresa Petrolera Fiscal (EPF) creada en 1948, conservaba la Refinería de Talara y debía comprar petróleo a la EPF, situación que jamás ocurrió.

El deshonor que impregnó la escandalosa página 11 que liga a Kuzckinsky estableciendo un pago inferior del precio del barril de crudo representan parte de la ignominia de vileza moral de un funcionario público similar a la venta del gas natural hacia México en un valor muy por debajo del precio de mercado, comportamiento inescrupuloso que ocurrió en varias decisiones con García en sus dos mandatos y en todos los otros gobiernos de turno.

La página 11 que determinó la caída de Belaúnde llevó a que Velasco expropie la IPC, multinacional que se las ingenió para dejar en rojo sus cuentas y recibir un pago velado de 22 millones de dólares y una deuda a EPF de 17 millones de dólares por refinamiento en la nacionalizada Refinería Talara, mientras que, vía boicot a Perú, la nación le paga una reparación de 76, 000 millones de dólares con préstamo de la banca de EEUU. por la expropiación.

Solo basta revisar las memorias anuales de Petroperú S.A en https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/memoria-anual/ para percatarse que desde su creación en 1969 en solo nueve años, para 1978  la petrolera estatal llevaba a Perú a pasar de importador a exportador de petróleo gracias a lograr una producción total de 55,1 millones de barriles generando un ahorro de 800 millones de dólares y una utilidad bruta en ese año de 1,702.8 millones de soles y el pago de 1,005.9 millones por impuesto a la renta, así como a contribuir anualmente desde su nacimiento con el pago de enormes cantidades en tributos.

En gas natural, la producción llegó a 49,378 millones de pies cúbicos (MMPC) incluidos los 24,204 generados por el contrato Petroperú -Belco, que sirvieron como materia prima y combustible para la planta de fertilizantes de Talara, para las plantas de gasolina y negro de humo, para aumentar la presión de los reservorios y para uso doméstico de la población talareña.

Petroperú avanzó hacia el proceso de industrialización para obtener asfalto y con la petroquímica transformó el gas natural, obtuvo gasolinas de buen octanaje, fertilizantes y negro de humo, proceso industrial que perdió con la inmoral privatización fragmentada de Fujimori al eliminar la extracción y distribución le restó rentabilidad y la desintegró verticalmente.

Ganancias que de inmediato se esfumaron si solo consideramos que de un barril de petróleo es posible obtener 42 galones de gasolina que al venderlos en cinco dólares se obtienen 210, aun subiendo a $117.72, el valor más alto alcanzado por el barril de crudo en junio 2022 frente al menor precio alcanzado en abril 2020 de $17,64 los márgenes son 79 % y 1190,47 %, ahora sumemos los millones de barriles que se comercializan, exportan y negocian como commodities en las bolsas de valores globales en los mercados futuros del petróleo y sus derivados.

Jugosos beneficios que explican porque el oro negro, el gas y otras energías como el cobre mueven el voraz apetito político, empresarial y gubernamental global para privatizar lo poco que queda de las empresas estatales, ganancias que se suman a las de los derivados y los que se obtienen con la petroquímica trabajando intensamente para desarrollar productos textiles, plásticos, químicos, farmacéuticos, fertilizantes, alimentos, electrónicos, automotrices, entre otros más.

Razones que explican porque siempre se busca dañarla llevando incluso a que el oleoducto norperuano considerado uno de los proyectos más importantes desarrollados en 1977 esté parado desde el 2020 que siendo propiedad del MINEM, Petroperú ha gastado en promedio $240 millones en mantenimientos, dinero que el MEF no le retorna tanto como todo el que los gobiernos usándola como caja chica le han quitado por establecer políticas populistas, subsidios y precios por debajo de los reales debilitándola también en su capacidad operativa optando por que sus actuales e ineficientes directivos la asuman en quiebra para liquidarla en desmedro del país y de todos los peruanos.

La Refinería de Talara atraviesa por varios procesos de sobrecostos que iniciaron en la época de Morales Bermúdez que a pocos meses de dejar el gobierno le inyectó una deuda de $243,540.8. A este exceso de gastos se suman los más de 4500 millones de dólares pagados desde el 2014 que ninguna institución tutelar se ha encargado de investigar para hacer pagar, enjuiciar y apresar a todos los que incurrieron en este proceso doloso.

Durante la privatización de los lotes Z-2B, X y otros, Petroperú en 1994 pagó a las empresas privatizadoras 13,293 millones de dólares y tiene que importar crudo a precios internacionales o de mercado por los siguientes 30 años, afectando la salida permanente de dinero del fisco y creando continua deuda y abultados déficits fiscales.

Desde el 2004 se han usado más de 4,000 millones de dólares del fondo de compensación de los combustibles para “compensar” a Repsol- La Pampilla, Exxon/Mobil, Valero, Solgás, Z-Gas, Pluspetrol y otras más para que el incremento de los precios internacionales no se traslade a los consumidores, a empresas de transporte y a sectores de ingresos altos.

Se adicionan al perjuicio de la petrolera nacional el haber políticamente postergado la construcción de la Nueva Refinería de Talara que en términos de costo de oportunidad representaron una pérdida diaria de 2, 5 millones llegando a la crisis actual manejada por funcionarios con escasos conocimientos del sector energético, con alguna excepción casi honrosa.

Los espero en el siguiente artículo

Juan Távara B.

CEO y fundador

www.efectoambiental.org

Responsabilidad global