Sánchez ganará la segunda vuelta electoral porque los peruanos estamos cansados de las narrativas falsas que, durante más de tres décadas y media, los medios y ciertos poderes construyeron para presentarnos el país como un “paraíso” gracias al modelo económico impuesto con violencia, fraude y la Constitución de 1993, nacida de un proceso dictatorial.

La pandemia de COVID-19 nos dio una cachetada para hacernos despertar y nos mostró la mentira grosera sobre la supuesta fortaleza del sistema. Vimos un país sin hospitales, sin camas ni capacidad para atender a miles de personas; muchas muertes no fueron solo por la enfermedad, sino por la falta de atención oportuna y la ausencia de medicamentos. Los precios de medicinas y alimentos se dispararon por la inseguridad alimentaria generada, mientras el neoliberalismo seguía avanzando con el fortalecimiento de la consolidación de unas pocas empresas agroindustriales y el oligopolio de agro químicos, farmacia, y otros sectores como el financiero involocrudo prácticamente en todos los sectores económicos donde se mantiene esa condición ologopólica y afecta a los consumidores que tienen que pagar precios acordados por todas estas empresas.

Esa fragilidad se tradujo en pérdida de empleo y deterioro de los ingresos. En 2024, la pobreza monetaria afectó a 9,4 millones de personas (27,4% de la población), y se proyecta que en 2026 alcanzará a 11,5 millones (34,2%). El estado de vulnerabilidad incrementó los déficits nutricionales y consolidó la inseguridad alimentaria: en 2024 afectó al 51,7% de la población (17,6 millones), la más alta de Sudamérica; el Programa Mundial de Alimentos (PAM) proyecta que para fines de 2026 esa cifra se mantendrá cerca del 51%, afectando a 17,5 millones.

La fragilidad en salud, alimentación, economía y clima también impactó el consumo: según una encuesta del IPE, 4 de cada 10 personas reportaron haberse quedado sin alimentos. Además, la crisis y la pandemia sacaron a 1,2 millones de personas de la clase media, que hoy prácticamente no existe.

Pese a este escenario, en 2025 el Congreso, con el apoyo de Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP) y Alianza para el Progreso (APP), renovó por 10 años la Ley N° 32434 —conocida como “Chlimper 2.0”— en detrimento del erario. Esto reducirá la recaudación en alrededor de S/20,000 millones, acentuando una ya baja presión tributaria (14,6% del PIB, frente al 21,7% promedio en América Latina y 40,4% en Europa).

La Ley Chlimper original (N° 27360) se impulsó en 2000 desde la Comisión Agraria, beneficiando hasta el 2020 a sectores agroexportadores con exoneraciones tributarias (15% en impuesto a la renta) mientras el resto paga 29,5%, lo que permite altas rentabilidades sin generar mayor valor agregado. Antes de aprobar Chlimper 2.0, el Congreso, con el respaldo de FP, RP, APP, Avanza País, Somos Perú, Acción Popular y Perú Libre (con la oposición de Juntos por el Perú y Cambio Democrático), aprobó en 2024 la Ley N° 31973, llamada “anti forestal”, que perjudica a micro y pequeños agricultores, los vuelve más vulnerables y fomenta la concentración de la cadena agroindustrial.

Esa ley incentiva invasiones y obliga al microempresario sin capacidad financiera a vender sus parcelas. Cooperativas agrícolas creadas para operaciones a escala tienden a desaparecer, beneficiando a redes importadoras de insumos y a la agricultura tecnificada controlada por grandes empresas.

En el debate de equipos técnicos, César Gaurniz Vigo (JP) propuso derogar de inmediato esa norma y desarrollar cochas e infraestructura hídrica andina, además de crear un fondo para proyectos de siembra y cosecha de agua. Su oponente de FP, Marco Antonio Vinelli, defendió mantener el marco legal y priorizar la expansión de la agroexportación, sin enfocarse en el 95–97% del sector que requiere mayor atención.

El deterioro de los ingresos y del consumo creó un “mercado empobrecido”, propicio para la explosión del endeudamiento personal mediante créditos a altas tasas. Las personas en pobreza monetaria, incapaces de cubrir la canasta básica, recurren al “dinero plástico” y quedan atrapadas en deudas perpetuas por sus ingresos precarios.

La concentración bancaria agrava esto: los cuatro bancos más grandes controlan el 80% de las operaciones financieras en Perú, lo que, según la SBS, les permitió reportar utilidades récord de S/11,800 millones al cierre de 2025. Por eso resulta cuestionable que la candidata de FP haya recibido millonarias aportaciones de uno de los dueños de esos bancos: mantiene un statu quo que favorece al sistema financiero y que impide la entrada de bancos competidores con tasas más bajas, necesarias para impulsar la micro y pequeña agricultura y otros sectores productivos.

En el corto gobierno de Pedro Castillo hubo también aciertos: se cobraron más de S/5,400 millones en deudas tributarias de empresas mineras y de telecomunicaciones, recursos que se destinaron a educación, salud, agua y saneamiento. Además, mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se subsidió S/1,950 millones para mitigar alzas en combustibles; sin embargo, ese fondo fue desactivado, y la supuesta rotura en 2026 del ducto que suministra gas natural y GLP, además de la volatilidad por la guerra EE. UU./Israel contra Irán, afectó a taxistas y consumidores por el alza en diésel y gas.

La declaración del candidato a la vicepresidencia de FP, Miky Torres —quien afirmó que Congreso, Ministerio Público y prensa “complotaron” para destituir a Castillo— dañó la campaña de su propia candidata, al dar la impresión de impunidad y control. Esto remite también al caso de Rospigliosi, sancionado por difamación agravada, cuya actitud pública evidenció una sensación de impunidad.

Fujimori perderá porque propone la continuación de la herencia de su padre. En su equipo está Carranza, ministro del segundo gobierno aprista, quien promovió crecimiento del gasto público sin explicar con qué ingresos, algo que Francke cuestionó. Similar situación ocurrió con la posición de Neuhaus de mejorar infraestructura incrementando el gasto sin contar con recursos como refutó Guerra – García del equipo técnico de JP. Mientras Barbarán de FP propuso que la Presidencia del Consejo de Ministros se haría cargo del Instituto Peruano del Deporte con lo cual simplemente se transfiere burocracia, pero no se ataca el problema de raíz por el que atraviesa el deporte nacional a diferencia de lo que planteó Zunini de JP de desarrollar Polideportivos que impulsa semilleros para el deporte si se trabaja desde la niñez.

Perú necesita cambios estructurales urgentes: una reforma tributaria integral, la formalización del 95–97% de micro agricultores y del sector MIPYME para ampliar la caja fiscal, y la recuperación de más de S/7,000 millones en deudas pendientes de empresas, banca y prensa, para financiar obras públicas y corregir desigualdades.

Carranza apuesta por un gasto sin respaldo. El crecimiento del PBI en su periodo se debió en gran parte al aumento de los precios de los minerales, lo que permitió a las empresas maximizar extracción y rentabilidad, reduciendo el tiempo de recuperación de inversiones, pero sin traducirse en desarrollo inclusivo. El modelo neoliberal, con venta de empresas públicas a bajo precio, eliminó barreras de entrada y aceleró la extracción de recursos, favoreciendo utilidades puntuales, pero no un desarrollo sostenido.

A esto se suman retrocesos institucionales: el fujimorismo, desde comisiones clave, archivó y modificó proyectos de reforma política, debilitó la lucha anticorrupción y aprovechó mecanismos para condicionar al Ejecutivo, incluso eliminando efectos de la cuestión de confianza. En 2023 impulsó leyes que incrementaron la impunidad: redujo plazos de prescripción con la Ley N° 31175, limitó la colaboración eficaz (Ley N° 31990) a ocho meses —lo que obstaculizó investigaciones— y blindó la minería ilegal (Ley N° 31989), favoreciendo al crimen organizado.

Con la Comisión de Justicia se reforzaron normas que complican la persecución del crimen: la Ley de Crimen Organizado N° 32108 redefinió el delito exigiendo la demostración de un mercado ilegal y condicionó la intervención fiscal en allanamientos a la presencia del abogado del investigado, eliminando el factor sorpresa. Asimismo, se aprobó la Ley N° 32107, que prescribió crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, desobedeciendo mandatos de la Corte IDH. En 2024, el fujimorismo y aliados aprobaron la Ley N° 32054, que impide juzgar penalmente a partidos políticos como organizaciones criminales.

El fujimorismo además vinculó normas fiscales y de gasto público con la Ley N° 32130, generando un agujero presupuestario y asfixiando la logística del Ministerio Público. Al devolver la investigación preliminar a la Policía en el nuevo Código Procesal Penal, se duplicaron gastos en infraestructura, laboratorios y custodia de evidencia, forzando créditos suplementarios que la Fiscalía ya financiaba. Pero la Comisión de Presupuesto redujo asignaciones a fiscalías especializadas (Lava Jato, lavado de activos), dejando comisarías sin recursos básicos.

En respuesta a ese paquete de leyes pro- crimen, como congresista actual Roberto Sánchez en representación de Juntos por el Perú presentó el 3 de junio el oficio N° 76-2025-2026-GP-JPVPBM-CR para convocar la junta de portavoces y debatir la derogatoria de nueve proyectos que favorecen la criminalidad. El Congreso, sin embargo, canceló la sesión del pleno prevista para el 4 de junio, bloqueando el debate.

Ese es el fujimorismo en acción: presión constante desde comisiones como la de Educación para frenar la fiscalización de la SUNEDU y otras instituciones. A esto se suman compras estatales cuestionables, como la autorización para desembolsar US$462 millones como cuota inicial de una compra de aviones por US$3,500 millones, financiada con endeudamiento exprés que restó recursos a hospitales, educación, saneamiento y obras públicas esenciales.

La desinstitucionalización es sistémica y no exclusiva de una época: desde la unificación de las policías en 1988 (Ley N° 24949) hasta decisiones posteriores, la capacidad de control del crimen y el sicariato se agravó. Gobiernos como los de García, Fujimori y otros coparon instituciones para garantizar lealtades, debilitando al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, a la JNJ, a la Contraloría, a la Defensoría, al JNE e incluso las fuerzas armadas.

El retorno del asistencialismo para sectores urbanos y rurales que antes fueron despreciados es la continuación del clientelismo que el fujimorismo aplicó en los 90: miseria sembrada para cosechar pobreza, votos y sumisión. Programas como PRONAA, PRONAMACHS o FONCODES distorsionaron sus objetivos y quedaron envueltos en corrupción y desvío de fondos, convirtiendo la ayuda estatal en dádivas electorales. De ahí nacieron los “fujitapers”: beneficiarios con dependencia creada para apoyar al partido.

Por todo ello, el dicho “aunque la mona se vista de seda, mona se queda” describe con precisión a la candidata de Fuerza Popular. Como escribe Diego Trelles Paz en “La Lealtad de los Caníbales”, el fujimorismo representa una degradación moral y política profunda en la historia del Perú.

Por eso, y por su historial de desprecio, racismo, clasismo y autoritarismo, Fuerza Popular no ha cambiado verdaderamente. Aunque la candidata intente mostrarse distinta inclusive haciendo de lustrabotas, el electorado recordará su trayectoria y la verá como “la tetra candidata de la derrota”.

Juan Távara Balladares

Administrador, Marketero, Economista, Especialista automotriz y Máster en Dirección de Comercio Electrónico