El 7 de junio de 2026, los ciudadanos peruanos asistirán a una nueva jornada electoral envueltos en lo que muchos consideran una fachada democrática, generada tras la decisión de 74 congresistas que, en 2023, eliminaron las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) mediante una ley sustentada por la fujimorista Martha Moyano.
Esta férrea defensa del fujimorismo, orientada a limitar la participación ciudadana, ha permitido que su casi vitalicia candidata llegue nuevamente a una segunda vuelta electoral. Esto ocurre pese a que, según encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizadas en marzo de 2021 y febrero de 2026, un 54 % de la población manifestó que “nunca votaría por Keiko Fujimori”.
Este elevado nivel de rechazo podría verse contrarrestado mediáticamente mediante el uso de encuestas, tal como ocurrió en el pasado durante la influencia de Vladimiro Montesinos, cuando estas eran utilizadas para distorsionar la percepción pública y manipular al electorado. En este contexto, la candidata fujimorista apela al discurso del “orden”, a pesar de que, según sus críticos, su organización política ha contribuido durante la última década a un deterioro institucional desde el Congreso, promoviendo cambios constantes de presidentes y respondiendo a intereses de grupos de poder económico de quienes recibió millones de dólares tal y como declararon en su momento algunos empresarios que se corrompieron delictivamente al entregar dinero a su agrupación que un ex fiscal de la nación define como grupo criminal.
Asimismo, la derogación de la ley que establecía las PASO —sin haber llegado a implementarse— fue realizada de forma abrupta, al igual que la restitución del Senado, pese a que en el referéndum de 2018 la ciudadanía rechazó la bicameralidad.
No obstante, el fujimontesinismo y sus aliados ignoraron esta decisión popular y restablecieron la cámara de senadores, lo que, según diversas interpretaciones, debilitó al Poder Ejecutivo y favoreció un mayor control político desde el Legislativo. Esto contrasta con lo ocurrido en la década de 1990, cuando la cámara alta fue eliminada por el exdictador padre de la actual candidata, quien ejerció además como primera dama durante ese periodo luego que su madre al haber sido electrocutada y sometida a torturas en los sótanos del Servicio de inteligencia del Ejército (SIE) utilizados como cárceles quedó impedida de ejercer la función que asumió la hija.
Diversos hechos históricos, incluidos casos de graves vulneraciones a los derechos humanos, han sido documentados en investigaciones oficiales. Entre ellos se encuentran denuncias recogidas en la Acusación Constitucional N.º 134 del 24 de junio de 2002, que involucran a agentes del SIE y refieren actos de tortura cometidos desde 1992. Estos acontecimientos continúan generando debate sobre el legado político de esa etapa en donde la actual candidata prefirió reemplazar a su madre que defenderla y ser considerada como una de las mujeres más crueles, frías y despiadadas que se haya conocido.
En el plano político reciente, se cuestiona que el fujimorismo, junto con sus aliados, haya ejercido una influencia considerable sobre instituciones como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y sectores del Poder Judicial. También se ha señalado la presión política que derivó en la renuncia de un exjefe de la ONPE.
De igual manera, el Congreso modificó 53 artículos de la Constitución, pese a que sectores políticos, incluido el fujimorismo en su momento, se habían opuesto a reformar la ilegal Constitución de 1993. Esta carta magna, surgida tras el golpe de Estado de 1992, introdujo mecanismos como los contratos ley, los cuales han sido objeto de debate por su impacto en la gestión de los recursos naturales y el pernicioso modelo económico instalado en el país.
Actualmente, se cuestiona que el sistema económico descrito como de “libre mercado” coexista con la presencia de oligopolios que, según críticos, han contribuido a aumentar la desigualdad. En este contexto, el denominado crecimiento económico no siempre se ha traducido en mejoras sostenidas en la calidad de vida de la población, lo que ha llevado a muchos profesionales y a una gran cantidad de peruanos a reinventarse laboralmente en sectores informales originando que esta economía invisibilizada por décadas se ubique entre 75 a 90 % según sector económico.
Por otro lado, la eliminación de las elecciones primarias favoreció la fragmentación política: se inscribieron 36 agrupaciones, de las cuales 31 no lograron superar la primera vuelta, en parte debido al voto estratégico impulsado por campañas ciudadanas como “POR ESTOS NO”
De un total de 27.325.432 electores hábiles, aproximadamente el 74 % acudió a votar (20.167.745 ciudadanos), mientras que más del 26 % se abstuvo. Como resultado, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta lo hicieron con un respaldo conjunto cercano al 29,23 % del electorado, generando escasa legitimidad ambos contrincantes.
En este escenario, la candidata fujimorista para revertir el alto nivel de rechazo ciudadano que mantiene, en esta nueva etapa de campaña proyecta una nueva y falsa careta conciliadora que no ha mostrado al concluir los tres procesos electorales en los que ha particpado y, al contrario atentando contra el desarrollo que merece alcanzar Perú con sus aliados ha generado leyes que protegen la impunidad e incentivan la delincuencia y la elevadísima criminalidad que azota al pueblo peruano.
Lo más probale es que las elecciones peruanas concluyan con un contundente y definitico cuarto rechazo hacia la candidata del fujimorismo si las desprestigiadas FF.AA. no se hacen cargo del traslado del material electoral que es lo que se ha venido buscando por parte de un candidato de la ultra derecha para deslegitimar el proceso electoral y debilitar a la autoridad a cargo de éste.
About The Author
Publicaciones relacionadas:
Van 60 cambios a la Constitución y hay 22 modificaciones en curso en el Congreso
Fiscalía de Perú denuncia constitucionalmente a la presidenta Boluarte por el caso ‘Rolexgate’
Megapuerto de Chancay llave del desarrollo industrial y económico en Perú
Constitución aprueba dictamen que remueve a la JNJ y somete a la ONPE y el Reniec ante el Congreso