En el Perú, la lideresa del fujimorismo, en 16 de 25 regiones, será reconocida no como la ganadora de las elecciones de la segunda vuelta electoral del 7 de junio de 2026, sino como la “tetra candidata de la derrota”, luego de que Juntos por el Perú (JP) recibiera un respaldo mayoritario. Esto determina que, para muchos ciudadanos y para quienes le dieron su voto, se trate de una pírrica y falsa victoria, no por el desconocimiento del voto de los compatriotas que radican en diferentes países del mundo, sino por el contexto en el que se llevó a cabo el proceso.
El cambio y la no reposición de embajadores en distintos lugares del mundo, junto con la Resolución Jefatural N° 000090-2026-JN/ONPE, que además de coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores las actividades electorales fuera del territorio peruano dispuso la eliminación del escaneo y la digitalización de las actas de votación de las oficinas consulares del extranjero, validadas por el Comunicado de Prensa 025-2026 del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, estableciendo que el traslado de las actas de 233 mesas electorales en Argentina se realizara bajo la modalidad de “carga consolidada”, impidieron verificar la trazabilidad y la custodia correspondiente, y representan serias anomalías en un proceso electoral.
A estas irregularidades se suma la intromisión del embajador estadounidense en las elecciones, excediendo el rol diplomático y de observación que le corresponde, en lugar de intervenir públicamente en una elección que necesariamente debió y debe ser conducida por los organismos electorales peruanos.
Asimismo, el viaje a Costa Rica, con una escala de 33 minutos en Panamá, del presidente del JNE entre el 30 de enero y el 2 de febrero, es totalmemte extraño y genera suspicacia que justamenete haya coincidido con la presencia del fujimorista Galarreta en ese país entre el 27 de enero y el 1 de febrero aunque el organismo electoral se haya pronunciado para informar de la asistencia del presidente de la institución a un evento electoral en el país caribeño.
El nombramiento, desde el 23 de abril de 2026, de Carlos Pareja Ríos como ministro de Relaciones Exteriores del Perú fue parte importante de la logística, supervisión y coordinación para asegurar que la segunda vuelta en el exterior se desarrollara con normalidad, de manera tal que la Cancillería a su cargo coordinara con la ONPE y el JNE, brindando soporte operativo para instalar mesas, trasladar material electoral y mantener la cadena de custodia.
Lo controvertido es: ¿por qué esta persona, que formó parte del primer fujimorato como director de Asuntos Sudamericanos de la Cancillería (1990-1993), ministro consejero en Santiago de Chile (1993-1997), jefe del Gabinete del Viceministro en la Cancillería (1997-1998) y director de Soberanía y Desarrollo Fronterizo (1998-2000), fue reemplazada para asumir días antes de que se realizara la segunda vuelta? Además, ¿porqué el 29 de abril, de forma conjunta entre la Cancillería y la ONPE, se decidió eliminar la digitalización de las actas del extranjero, algo que no se hizo en la primera vuelta a pesar de la enorme cantidad de candidatos existentes y que debió mantenerse porque con solo dos candidatos era mucho más fácil y sencillo digitalizar las actas?
Como parte de los componentes de vulneración de la legitimidad electoral, también se suman la presión mediática-política y un presunto complot logístico en la entrega de actas, previa a la contratación y elección de la empresa encargada de dejarlas en cada punto seleccionado para cumplir el sufragio durante la primera vuelta electoral. Esto obligó, en medio del proceso electoral, a renunciar a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a Piero Corvetto, pese a que la Ley Orgánica de esta oficina lo considera irrenunciable durante el proceso electoral. La Junta Nacional de Justicia validó la renuncia de forma automática, aun cuando haya expertos que consideren que, según los artículos 10 y 15 de la mencionada ley, sí se permite la renuncia, lo cual obviamente es discutible en términos jurídicos.
De acuerdo con las cláusulas de las propuestas técnicas y económicas de selección y posterior contratación logística, celebradas en la Notaría Ruth Alessandra Ramos Rivas, con dirección en Av. La Marina 1443, distrito de San Miguel, Lima, Perú, y divulgadas por Juliana Oxenford en el programa Arde Troya del 14 de abril de 2026, se pudo verificar que, de tres postores, se eligió a Servicios Generales Gálaga SAC, siendo la más cara en términos monetarios, aun cuando en puntaje técnico ponderado se asuma que superó a las otras dos. Sin embargo, según la conductora, esta compañía una semana antes no contaba con los vehículos para cumplir con las entregas de material electoral en Lima Metropolitana y Callao.
Adicionalmente, a todo este escenario irregular pre y post electoral, según varios reportes periodísticos, se supo que la mencionada empresa tuvo un contrato por S/ 684,000 con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante la gestión de Rafael López Aliaga, entre el 29 de diciembre de 2023 y el 29 de diciembre de 2024. Frente a esta situación, es necesario preguntar: ¿las protestas realizadas por el exalcalde de la comuna limeña se constituyeron en parte de la confabulación para retirar a Corvetto y dejar el camino abierto a la tetra candidata de la derrota, cuyo capital electoral en 2021 fue apenas del 12% y que, al haberse activado el anti fujimorismo en 2026, se reflejó en los votos a favor de JP en 16 regiones? ¿O López Aliaga lo hizo para hacer recordar que la ONPE fue creada en 1993, cuando todo lo controlaba el primer fujimorato y el JNE incluido, como al parecer también ocurre actualmente?
La gravísima denuncia del renunciante exsecretario de la ONPE, Elar Juan Bolaños Llanos, respecto a la manipulación en sus equipos de cómputo con información no generada ni redactada por él, así como el ingreso de solicitudes por el Sistema de Gestión Documentaria vulneradas y con grave afectación de datos personales y de la adecuada tramitación y gestión para el próximo proceso eleccionario municipal de octubre, incorpora serísimas dudas sobre cómo el proceso electoral presidencial pudo haberse afectado. Además, establece que serían la única forma de que la tetra candidata de la derrota habría cambiado el escenario adverso del conteo rápido que dio por ganador a Roberto Sánchez de JP.
¿El resultado preliminar del conteo rápido aterrorizó al fujimorismo, al conservadurismo de la derecha y a la ultraderecha, así como a los grupos económicos que durante 10 años siguieron apostando por la candidatura de la representante del fujimorismo, entregando millones de dólares para sus campañas con el objetivo de mantener el statu quo mediante leyes a favor de estos grupos y en contra de la nación?
¿El cambio en la predicción de los resultados de Ipsos, que favorecían a JP, se constituyó en una réplica de lo ocurrido en el 2000, que posteriormente llevó a que el primer fujimorato no sobreviviera por la aparición de videos de compra de conciencias?
El acertado pronóstico del conteo rápido, a diferencia del boca de urna que anunció el presidente ejecutivo de la encuestadora, se basó en datos estadísticamente muy ajustados.
Dentro del rango anunciado de 50,3% a favor de JP y de 49,7% para FP, con un margen de error de ±1,9%, los resultados esperados deben fluctuar hacia arriba o hacia abajo dentro del rango anunciado, lo que llevaría a favorecer a JP con 52,2% y a FP con 47,8%.
Con un nivel de confianza del 95% en el pronóstico electoral y una muestra de 1037 mesas, que resultó muy representativa, significa que existe un 95% de probabilidad de que el intervalo se mantenga en ese rango.
Si bien es cierto que el resultado podría bajar para Sánchez o subir para Fujimori dentro del margen de error del 1,9%, la tendencia favorecía al candidato de JP.
Lo que se vendría al ser proclamada como mandataria, es una gran conmoción social y una exacerbada represión, lo que ratifica por qué el Congreso aprobó una nueva ley blindando a la PNP y a los militares para ser juzgados en el fuero militar y no en el común, a la vez de la suspensión de la proclamación como mandataria de la tantas veces candidata, dado el expediente abierto de demanda de hábeas corpus preventivo y correctivo por amenaza cierta e inminente a la seguridad nacional, soberanía y debido proceso constitucional, que ya corre trámite en un juzgado constitucional de Lima, mientras la hija del dictador Fujimori no aclare su nacionalidad japonesa. Por lo tanto, ella y su plancha presidencial quedarían fuera, y ya no solo 16 regiones del Perú, sino todo el pueblo peruano la seguiría considerando como la “tetra candidata de la derrota”.
Los espero en el siguiente artículo:
“El segundo fujimorato en Perú: ¿La nueva Venezuela?”
Juan Távara B.
Economista, Administrador, Marketero, Especialista Automotriz, Máster en Dirección de Comercio Electrónico
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