En medio de la extrema sumisión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la hija del más nefasto dictador del Perú en el siglo XX —condenado por crear redes masivas de corrupción y por graves crímenes contra los derechos humanos—, junto a dos de sus más obedientes “súbditos”, recibió sus credenciales. Con ellas, el fujimorismo 2.0 restaura uno de los periodos de mayor corrupción sistémica documentada y retorna más militarizado y autoritario que en su primera etapa, con un Senado reactivado sin autorización popular y la probable compra de curules para controlar no solo el Ejecutivo, sino también el Parlamento.
De esta forma reaparecen personajes de la peor calaña y políticos que creíamos enterrados, acompañados por numerosos cómplices narco-delincuentes, civiles y militares que formaron parte del entorno del dictador. A la que se sumó la adhesión de una prensa basura que vendió sus líneas editoriales y que durante décadas desinforma, miente, desprestigia y actúa como sicaria cómplice para seguir destruyendo, corrompiendo y saqueando nuestro milenario país.
A pesar de que el JNE se quejaba de no contar con presupuesto para las elecciones regionales y municipales de octubre, instaló pantallas gigantes, drones y celebró el acto con orquesta y con alrededor de mil invitados, como si fuera un evento de trascendencia mundial. Todo ello se transmitió por televisión nacional durante dos horas desde el Teatro Nacional, en una ceremonia de entrega de acreditaciones por una victoria electoral cuestionable, cuando lo habitual había sido realizar esos eventos sin tantos bombos y platillos.
Si a ello añadimos la posición de la jefa de la RENIEC, que calificó a la hija del socio de Montesinos, como “una mujer sabia y madre del Perú”, se vuelve aún más perturbadora esa opinión debido a que como política nunca trabajó y siendo congresista registra en su haber más de 500 días de ausencia, sumadas las inasistencias al parlamento y licencias autorizadas además de una paupérrima labor legislativa que fue objeto de críticas recurrentes.
Tampoco cuenta con estudios académicos, doctorados e investigaciones que la reconozcan como sabia tanto en el ámbito científico, académico o filosófico. Lo que sí ocurrió es que estuvo privada de libertad por mandato judicial en 2018 y 2019, fue puesta en el banquillo de los acusados por liderar una presunta organización criminal y figura en la denuncia del “Caso Cócteles”, que vincula aportes millonarios de Marcelo Odebrecht y a otros empresarios como Dionisio Romero Paoletti presidente del directorio de Credicorp (Dueño del Holding financiero del grupo Romero, del BCP y Alicorp) quien según confesión directa, el 18 de noviembre del 2019 declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que entregó personalmente 3 millones 650 mil dólares americanos en efectivo en maletines a Keiko Fujimori y a Jaime Joshiyama durante la campaña política del 2011, este y otros aportes de empresarios corruptos constituyeron parte de las coimas y sobornos entregados a diversos funcionarios.
La corrupción y el pitufeo de ingresos a las cuentas del otrora Fuerza 2011 —hoy Fuerza Popular—, liderado por la hija del creador del fujimorato, están detallados en el expediente N° 00299-2017-28-5001-JR-PE-01 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho. Este y otros procesos explican por qué el magistrado fue suspendido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no por el trivial pretexto de cantar “Triciclo Perú” o por haber mostrado una imagen del hermano de la reemplazante de Castillo.
La actitud servil del presidente del organismo electoral, que casi besó los pies de la lideresa del fujimorismo, demuestra su indiferencia frente al gasto incurrido en un acto protocolar. Peor aún, fue la presencia del saliente mandatario interino —más marioneta que gobernante— en un evento de esa naturaleza al que ningún presidente asistió, cuando antes de la segunda vuelta removió embajadores clave y no los repuso en países con votos determinantes para el proceso electoral.
¿Son estas actitudes evidencia de que al JNE, como garante de la legalidad y transparencia de los procesos electorales, no le importó esclarecer si la representante de Fuerza Popular tiene o no nacionalidad japonesa? ¿Por qué tampoco aclaró que sin haber concluido el conteo del proceso electoral se publicó en su sitio web a la plancha presidencial naranja como virtuales autoridades presidenciales sin serlo en ese momento? ¿Qué determinó que dejara pasar que el congresista Rospigliosi, con sentencia firme por difamación que lo inhabilitaba para postular, fuera inscrito y posteriormente recibiera credencial para ejercer como senador? ¿Por qué aceptó que el Ministro de Relaciones Exteriores para la segunda vuelta, no se digitalizaran las actas de las mesas en el exterior, cuando en la primera ronda ese procedimiento se aplicó correctamente y dejó que los votos se trasladaran como paquetes sin garantía alguna de ser manipuladas?
En este controvertido y cuestionado proceso electoral surgen más preguntas: ¿Por qué el presidente ejecutivo de Ipsos Perú parte de la transnacional francesa Ipsos Group apareció en televisión de señal abierta para decir que la tendencia que no favorecía a la candidata naranja había variado como algunos de sus especialistas lo explicaban por redes sociales, sin explicar que los análisis requieren modelos estadísticos y matemáticos fiables?
¿Por qué un supuesto diplomático extranjero se entrometió en asuntos electorales para favorecer a la hija del dictador? ¿Por cuánto tiempo más se impondrá en Perú la doctrina “DONROE” promovida por el trumpismo para mantener a América Latina como el patio trasero de EE.UU. aprovechando la sumisión de gobernantes mediocres y corruptos y de esta forma contrarrestar el avance de China que continúa cambiando la geopolítica global? ¿La ayudita del seudo embajador para cambiar el resultado electoral peruano representan un canje con posterior pago de recursos y entrega de soberanía como ocurrió con el Trapacio Amazónico que por traición entreguista de Leguía perdimos 100,000 kms. cuadrados de territorio amazónico que EE.UU. negoció compensando a Colombia su salida al Amazonas al haberse independizado Panamá que le sirvió en pleno apogeo del imperio hoy decadente para controlar el Canal y con ello abaratar sus costos logísticos, acercamiento con el otro mundo, integración comercial, proyección militar e imponerse como el portero del comercio mundial cobrando y estableciendo tarifas y reglas de tránsito manteniendo inclusive bases militares que aparentemente fueron dejadas en 1999 y retomadas en el segundo trumpismo?
¿No resulta sospechosa la coincidencia de que el presidente del JNE se encontrara en Panamá con el fujimorista Galarreta? Panamá sigue siendo un centro financiero con características de paraíso fiscal y leyes de secreto bancario donde se crean empresas offshore para blanquear dinero. En política nada ocurre por azar; ese encuentro deja serias dudas sobre la imparcialidad y el retorno de lo más podrido que caracterizó al fujimontesinismo entre los 90 y 2000.
En un país con patrones repetidos de corrupción, clientelismo e instituciones secuestradas que generan impunidad extrema, donde la educación pública fue degradada y el 80% de la población vive al día subsistiendo dentro de una economía informal, era previsible un resultado electoral cuestionable. La eliminación de las PASO desde el congreso controlado por la alianza mafiosa lideraba por el keikismo fragmentó el voto entre 37 “partiduchos” politiqueros mayoritariamente girando alrededor del fujimorismo para favorecerlo.
Durante la contienda electoral se presionó para que Piero Corvetto renunciara a la ONPE, dejando la institución en manos de personas inescrupulosas que, según denuncias, habrían cobrado por cada voto para conseguir más congresistas o revertir el bolsón electoral en favor de la representante naranja. Estas irregularidades en dos procesos electorales generan controversia: ¿cómo es posible que, habiendo perdido en 16 regiones, con el 95,5% del voto nacional y el 4,5% del exterior, la candidata naranja gane la elección más importante que permita corregir los desequilibrios creados por una década de control parlamentario fujimorista?. ¿La presencia del mandatario interino en ese evento explica, además, por qué se retiraron y no se repusieron embajadores en países clave durante la definición electoral?
Al revisar La historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quiroz, queda claro que el fujimorismo formó parte de redes corruptas vinculadas a sectores privados, militares y al narcotráfico. Ese proceso fue impulsado por la reducción deliberada del Estado, intensificada con el neoliberalismo y la Constitución de 1993, modificada en 2023 según intereses fujimoristas, pese a la oposición a una Asamblea Constituyente. El resultado fue un Estado supeditado a deuda permanente que, según Quiroz, no solo facilita el robo de dinero público, sino que, por la fragilidad institucional, permite sobornos, malversación, tráfico de influencias, compra de lealtades, fraude electoral y concesiones fraudulentas.
El giro del Tribunal Constitucional —que actuó con apoyo abierto al fujimorismo tras su pírrica victoria— es sintomático. El TC se rectificó para devolver al Ejecutivo la iniciativa de gasto público, y así permitir que un crédito suplementario de S/.9 596 millones aprobado el 14/07/2026 (destinado a atender emergencias como el Fenómeno de El Niño, remediación ambiental, salud pública y otros programas) quede en manos del Keikismo. Es previsible que la representante fujimorista convierta ese déficit público en asistencialismo y pagos a la prensa —no solo corporativa, sino a alternativas corruptas— para ocultar muertes y crímenes que pudieran derivarse de leyes que otorgan a policías y militares licencias letales, en vez de facultades reales para reducir y eliminar la delincuencia que ellos mismos junto a los políticos impulsan.
La corrupción del periodo dictatorial del mayor delincuente condenado fue un mecanismo continuo de extracción de recursos, distorsión de políticas públicas e impunidad. Eso es, de manera precisa, lo que probablemente ocurrirá con el fujimorismo 2.0.
Estos mecanismos explican por qué el fujimorismo sembró miseria para cosechar pobreza mental y espiritual, institucionalizando lo que denomino el “Síndrome del masoquismo: la dominación del estúpido y el patrón de sumisión del pobre de derecha” que en mi siguiente artículo profundizaré en esos condicionantes que llevan a qué muchos ciudadanos sigan eligiendo a quienes los han despojado de casi todo.
Juan Távara
Administrador, Marketero, Economista, Especialista Automotriz y Máster en Dirección de Comercio Electrónico
Efecto Ambiental – Responsabilidad Global
www.efectoambiental.org
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Primera ves he leido comentarios cargados de “verdades” que indefectiblemente tiene que suceder en todo “pensamiento democrático”.
Los responsables pagarán si o si, sea quien sea, en el tiempo indicado.
Todo pensamiento democrático esta vestido de un “señorio corrupto” que usa la necesidad humana para lograr sus objetivos…… y que el tiempo lo declarará, lo juzgará, lo sentenciará y perecerá.
Gracias