Durante el debate del Senado peruano del miércoles 16 de septiembre de 2026, convocado para autorizar la salida del país a Keiko Fujimori entre el 21 y el 25 de septiembre, la senadora fujimorista Martha Chávez afirmó: “Nuestra presidenta tiene solvencia personal, profesional y moral”.
La declaración, referida a Keiko Fujimori, actual lideresa de Fuerza Popular plantea una serie de interrogantes sobre el significado de tales atributos y sobre los antecedentes políticos y familiares que rodean al fujimorismo.
¿Es realmente posible sostener que Keiko Fujimori posee solvencia personal, profesional y moral sin examinar el legado del régimen encabezado por su padre, Alberto Fujimori?
El ex dictador fue condenado por la Corte Suprema del Perú por su responsabilidad mediata en graves violaciones de los derechos humanos, incluidos los casos de Barrios Altos y La Cantuta. También fue condenado por delitos de corrupción, peculado, soborno, espionaje y abuso de poder. Durante su gobierno se debilitaron diversas instituciones democráticas y operó una amplia red de corrupción encabezada por Vladimiro Montesinos.
Asimismo, su régimen fue cuestionado por la manipulación del marco institucional para facilitar la permanencia de Fujimori en el poder. En ese contexto, el Congreso aprobó en 1996 la denominada Ley de Interpretación Auténtica, que buscó permitir una tercera postulación presidencial en el año 2000. El Tribunal Constitucional declaró inaplicable dicha interpretación, y posteriormente tres de sus magistrados fueron destituidos por el Congreso.
Es válido por ello preguntar entonces, si la senadora Martha Chávez recuerda la disolución del Congreso decretada por Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, una medida de carácter autoritario que significó la ruptura del orden constitucional y que, paradójicamente, antecedió a su posterior incorporación al Parlamento.
También resulta pertinente recordar las investigaciones relacionadas con la operación de tráfico de armas en la que se atribuyó a Vladimiro Montesinos la venta ilegal de miles de fusiles AK-47 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se trató de uno de los episodios más graves de corrupción y criminalidad transnacional vinculados al régimen fujimorista, razones por las que Alberto Fujimori es recordado como uno de los principales criminales de estado latinoamericanos juzgados y condenados por la justicia peruana.
El caso de Paititi
El texto original también menciona las declaraciones del sacerdote salesiano Juan Carlos Polentini Western, antiguo párroco de Lares, en Cusco. En una entrevista difundida por Acullicu Films y posteriormente reproducida en internet, así como en su libro Paititi, Padre Otorongo, publicado en 1999 en una edición de circulación reducida, Polentini relató presuntos hechos relacionados con la búsqueda de Paititi y un supuesto saqueo de oro al final del gobierno de Alberto Fujimori.
Según el sacerdote, habría entregado en varias ocasiones documentación sobre Paititi al expresidente. También afirmó que conservaba fotografías de la zona conocida como Mantto, tomadas antes de que fuera presuntamente dinamitada. Al regresar al lugar en 2003, sostuvo que pudo observar cambios importantes en el territorio.
Polentini añadió que pobladores del valle de Lacco le contaron que durante el año 2000 habían observado helicópteros sobrevolando la zona diariamente durante varios meses. Asimismo, afirmó que un piloto le habría comentado que se utilizaron cinco helicópteros para extraer oro de Paititi y trasladarlo posteriormente a Japón.
Estas afirmaciones que constituyen testimonios y aunque las denuncias no fueron corroboradas judicialmente, su inclusión puede servir para mostrar el conjunto de sospechas y relatos que todavía forman parte del debate sobre los últimos años del régimen fujimorista, pero es necesario diferenciarlos de hechos establecidos por sentencias judiciales.
La red de corrupción y los “vladivideos”
¿Puede hablarse de solvencia moral sin recordar la red de corrupción que se hizo pública a través de los llamados “vladivideos”? Estas grabaciones revelaron la compra de congresistas, empresarios, periodistas, funcionarios y autoridades mediante sobornos y mecanismos de control político.
El escándalo provocó la caída del régimen fujimorista considerado uno de los más nefastos ocurridos en la historia democrática peruana que llevó a investigaciones y condenas contra numerosos integrantes de su entorno. Por ello, resulta legítimo preguntarse qué entiende la senadora Chávez por “solvencia moral” cuando defiende a la heredera política de un gobierno marcado por graves abusos de poder, corrupción y violaciones de derechos humanos.
En cuanto a Keiko Fujimori, el denominado caso Cócteles investigó diversos aportes irregulares declarados y destinados a las campañas electorales de 2011 y 2016, así como los delitos de lavado de activos y organización criminal. En 2025, el Tribunal Constitucional ordenó archivar el proceso; posteriormente, el Poder Judicial confirmó la ejecución de esa decisión. Sin embargo, el archivo del caso no equivale necesariamente a una declaración de inocencia sobre todos los hechos políticos cuestionados, sino que responde a los fundamentos jurídicos establecidos por el tribunal.
Por esa razón, cualquier análisis debe distinguir entre una condena judicial, una investigación archivada, una denuncia fiscal, una acusación política y una afirmación periodística. Mezclar esas categorías puede debilitar la credibilidad del argumento.
Redes digitales y elecciones
También se han mencionado los vínculos o contactos atribuidos a personas como Fernando Cerimedo, Carlos Díaz-Rosillo, Damián Valenzuela, Andrés Rivas y Javier Negre, a quienes diversos reportes han relacionado con campañas digitales, comunicación política, desinformación y redes de cuentas falsas.
Diversos medios sostienen que existe una red de bots, desinformación o un sistema de conteo paralelo vinculado con las elecciones de 2026. La relación entre algunos de esos personajes y el entorno político de Keiko Fujimori ha sido objeto de reportajes y declaraciones públicas, Carlos Díaz-Rosillo reconoció conocer a Fernando Cerimedo, aunque negó ser asesor de Keiko Fujimori y afirmó que su relación con él no era cercana.
El significado de la moral
Finalmente, sería pertinente preguntarle a la senadora Martha Chávez qué entiende por “moral” en la vida pública. La moral no debería reducirse a una declaración de lealtad política ni a la defensa automática de una dirigente. También implica actuar con honestidad, reconocer los hechos incómodos, respetar la verdad y asumir responsabilidades frente a las decisiones propias y las de la organización política que se representa.
La discusión tampoco puede limitarse a los antecedentes familiares de Keiko Fujimori. Una evaluación seria de su solvencia personal, profesional y moral debería considerar su propia trayectoria política, sus decisiones, sus alianzas, su conducta electoral y sus posiciones frente a las instituciones democráticas.
Keiko Fujimori y la ONU
En ese marco, también cabe analizar la contradicción política del fujimorismo de otorgar permiso e Keiko Fujimori para que asista a la Organización de las Naciones Unidas si esta tiene entre sus principios la defensa de la dignidad humana, la igualdad y los derechos humanos.
En que ámbito quedan las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Alberto Fujimori, las esterilizaciones forzadas, la captura de instituciones, la corrupción y las consecuencias sociales del modelo económico aplicado desde la década de 1990.
Sobre todo porque aunque la estabilización macroeconómica fue uno de los resultados del programa económico de aquella época, persisten problemas estructurales como la informalidad laboral, la desigualdad territorial, las brechas entre Lima y las regiones y la precariedad de servicios esenciales. La educación, la salud, la vivienda y la seguridad social continúan mostrando importantes deficiencias y desigualdades.
En consecuencia, afirmar que una lideresa política posee “solvencia personal, profesional y moral” exige mucho más que una declaración partidaria. Requiere demostrarlo mediante hechos, coherencia institucional, transparencia y una posición clara frente a los abusos, errores del pasado y los presentes evidenciados con la conformación de un gabinete ministerial sumamente cuestionado por las abultadas implicaciones delictivas que se les atribuyen a 15 de 19 de sus integrantes y a muchos discutibles nombramientos reaizados.
Los espero en el siguiente artículo
Juan Távara B.
Analista económico, del mercado automotriz y de tendencias sectoriales
www.efectoambiental.org
Responsabilidad global
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