Paraguay no cumple con las leyes de control de pesticidas, denuncia experto
El país sudamericano registra un aumento alarmante del uso de agrotóxicos. “Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a un medio ambiente saludable y proteger a la población de los efectos del uso de pesticidas”, dice el relator especializado en la gestión de sustancias peligrosas, exponiendo que muchas veces se criminaliza a quienes se oponen a la contaminación en sus comunidades.
El uso desmedido de agrotóxicos en Paraguay está envenenando al país y afectando gravemente la vida y la salud de la gente, afirmó este viernes el relator especial* sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, advirtiendo del aumento alarmante del uso de esos insumos agrícolas y su impacto sobre los derechos humanos.
Tras una visita oficial a Paraguay, Marcos Orellana dijo que aunque hay cooperativas que buscan trabajar la tierra de manera responsable, el modelo de producción agroindustrial favorecido por el Estado ha victimizado a comunidades por el aumento incesante de fumigaciones aéreas y terrestres de pesticidas peligrosos.
“En Paraguay no se cumplen las leyes de control de pesticidas”, alertó y agregó que esto genera impunidad ante las violaciones y abusos de derechos humanos de millares de personas expuestas a la contaminación tóxica.
Orellana explicó que los pesticidas, también llamados plaguicidas, productos defensivos, agrotóxicos, o agroquímicos, son uno de los principales desafíos ambientales y de derechos humanos que afronta el país.
Es un mito que los agrotóxicos sean necesarios
“Me gustaría recalcar, como hemos hecho varios relatores especiales en repetidas ocasiones, que es un mito que los agrotóxicos sean necesarios para alimentar al mundo. Es preocupante ver la influencia indebida de las empresas en la política pública sobre agrotóxicos en Paraguay”, apuntó el experto en el comunicado final de su misión.
Durante su viaje, Orellana observó que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas están atrapadas en los monocultivos y otras siembras dependientes de los agrotóxicos.
Injusticias ambientales
“Quienes se oponen a la contaminación de sus comunidades son muchas veces criminalizados por el Ministerio Público”, denunció.
El experto planteó que a estas injusticias ambientales se añade la gran concentración de tierra en pocas manos, y la consecuente exclusión de amplios segmentos de la población, agravando aún más la situación.
Destacó que si bien el derecho a la no discriminación se encuentra plasmado en la Constitución paraguaya, ese derecho no es una realidad para las comunidades afectadas por la contaminación. “Existe una necesidad urgente de que se respete y se garantice el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos frente a las amenazas que suponen las sustancias tóxicas en Paraguay, tanto por parte del Estado como por parte de las empresas involucradas”, enfatizó.
Por otra parte, subrayó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no tiene la capacidad para medir contaminantes emitidos al aire y recordó que la generación de información sobre la calidad ambiental del aire es la puerta de entrada para el diseño de una política ambiental adecuada.
Detalló, por ejemplo, que el Ministerio no monitorea las dioxinas que generan las incineraciones de neumáticos por las cementeras, las cuales son extremadamente peligrosas para la salud humana. “Esto crea una situación en la que las empresas se autofiscalizan. El Estado no debería abandonar de ninguna manera su rol fiscalizador”, puntualizó.
Responsabilidades del Estado
Orellana llamó al Estado a garantizar que se cumpla inmediatamente con los dictámenes del Comité de Derechos Humanos sobre los casos de Campo Agua’ẽ y Colonia Yerutí, y a ratificar el Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales.
En este sentido, sostuvo que es responsabilidad del Estado “garantizar el derecho a un medio ambiente saludable y proteger a su población de los efectos indiscriminados del uso de pesticidas peligrosos en Paraguay”.
El experto también llamó a la comunidad internacional a ponerle fin a los dobles estándares del comercio de pesticidas peligrosos que se encuentran prohibidos en sus países de origen.
La agenda de Orellana a Paraguay incluyó reuniones con funcionarios gubernamentales, familiares de víctimas, representantes de la sociedad civil, el sector privado y las agencias de la ONU. También viajó a comunidades campesinas y pueblos indígenas en los departamentos de Presidente Hayes, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro y Guiará.
El relator especial presentará en septiembre de 2023su informe completo sobre Paraguay al Consejo de Derechos Humanos.
* Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual.
