Durante 36 años, en el Perú se construyó —desde los medios de comunicación y la política— una narrativa que presentó como exitoso cuando fue falso el denominado “milagro económico fujimorista”. Sin embargo, el retorno del fujimorato 2026 vuelve a colocar en el centro del debate un modelo económico que mantiene sus principales rasgos neoliberales, pese a los cambios registrados en la economía mundial.

El modelo aplicado durante el primer gobierno de Alberto Fujimori coincidió con una etapa de apertura comercial, liberalización financiera, privatizaciones y reducción de la intervención estatal. Estas políticas fueron impulsadas mientras Estados Unidos, el Reino Unido y varias economías europeas atravesaban intensos procesos de desindustrialización.

Entre los factores que explican ese fenómeno se encuentran la apertura comercial acelerada, el traslado de fábricas hacia países con menores costos laborales, la automatización, el aumento de la productividad industrial con menos trabajadores, la apreciación cambiaria de algunas economías como la peruana, la presión de los accionistas por elevar la rentabilidad, el debilitamiento de las políticas industriales y la creciente especialización en servicios financieros y empresariales. A ello se sumó la competencia de China y de otras economías asiáticas.

El regreso del proteccionismo

En pleno siglo XXI, Estados Unidos retrocedió hacia una forma de neomercantilismo: una versión contemporánea del proteccionismo mercantilista de los siglos XVI y XVII. Esta visión concibe el comercio internacional como un juego de suma cero, en el que el superávit de un país es interpretado como la pérdida de otro, por lo tanto para el gobierno estadounidense si otra nación exporta más de lo que importa, EE.UU. pierde.

Los aranceles aplicados durante las administraciones de Donald Trump y Joe Biden, junto con los subsidios previstos por la Ley de Ciencia y Chips, evidencian el retorno al proteccionismo industrial del siglo XIX a través de una política industrial más activa. El abandono progresivo del multilateralismo y el uso del unilateralismo como herramienta de negociación han convertido los aranceles, las restricciones tecnológicas y el acceso a materias primas en instrumentos de presión frente a China y también frente a antiguos aliados, como Canadá, México y la Unión Europea.

La pérdida relativa de hegemonía estadounidense y el debilitamiento gradual del dólar como principal moneda de transacción internacional han reforzado esta tendencia. Aunque el mundo actual ya no acumulaba oro y plata como en el mercantilismo clásico como sinónimo de poder militar y de soberanía, se regresó a seguir acumulando oro como mecanismo de protección gubernamental, mientras que los minerales estratégicos cumplen una función equivalente: son considerados activos esenciales para la soberanía tecnológica, energética e industrial.

El cobre, el litio y las tierras raras resultan indispensables para sectores como la electrónica, las energías renovables, la industria automotriz, la defensa y las telecomunicaciones. El control chino de una parte mayoritaria del procesamiento mundial de tierras raras constituye, por ello, un problema geopolítico para Washington. Al mismo tiempo, América Latina y África concentran una parte importante de la extracción de minerales estratégicos, aunque con limitada capacidad para refinarlos y transformarlos industrialmente por no haberse impulsado políticas de estado para agregar valor.

Este es el nuevo escenario geopolítico, donde el Perú es un país estratégico para Estados Unidos y otras potencias económicas por sus importantes reservas de cobre y de otros minerales críticos para la transición energética, la industria automotriz, las telecomunicaciones y el desarrollo de la inteligencia artificial. Si a ello añadimos un último estudio de S&P Global en el que proyecta que la demanda de cobre aumentará de 1,1 millones de toneladas métricas en 2025 a 2,5 millones en 2040 denota que el fujimorismo, al ser incapaz de proyectar una estrategia nacional de largo plazo, pretende prolongar el modelo extractivo que ha dominado la economía peruana durante casi dos siglos.

La riqueza mineral continúa siendo tratada como una fuente inmediata de exportaciones y rentas, no como el punto de partida para construir una industria nacional. Se extraen y exportan recursos indispensables para las nuevas tecnologías, mientras el Perú importa bienes de mayor complejidad, conocimiento y valor agregado. De esta manera, el país abastece a las potencias económicas, pero permanece rezagado en productividad, industrialización, innovación y empleo de calidad.

Energía y reindustrialización

El petróleo continúa siendo una columna vertebral —muchas veces oculta— de la productividad y la soberanía industrial. Gracias a los avances en perforación horizontal, fracturación hidráulica, automatización y aplicación de inteligencia artificial, Estados Unidos se ha consolidado como el principal productor mundial de oro negro como energía no renovable.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos proyecta una producción promedio de 13,8 millones de barriles diarios durante 2026, por encima del récord de 13,7 millones registrado en 2025.

Esta capacidad convierte a Estados Unidos en un exportador neto de energía y le proporciona una ventaja frente a China. Aunque Washington no puede competir con Pekín únicamente sobre la base de los costos laborales, sí puede hacerlo mediante el acceso a energía relativamente abundante, infraestructura, tecnología y financiamiento.

Los menores costos energéticos funcionan como una especie de subsidio natural para industrias como la química, la siderúrgica, la automotriz y la manufactura pesada. De esta manera, la política energética se convierte en una palanca para intentar recuperar fábricas que fueron trasladadas hacia economías con reducidos costos laborales y que contribuyeron al deterioro del llamado “cinturón industrial” estadounidense.

En Europa, diversos estudios también han identificado factores asociados con la desindustrialización: la evolución de los precios relativos, la tercerización, el aumento de las importaciones y la disminución de la inversión productiva. En cambio, las exportaciones con mayor contenido tecnológico y la inversión industrial tienden a favorecer procesos de industrialización sostenida.

En este contexto, queda explicada la intervención militar de EE.UU. en Venezuela y el despliegue del Escudo de Las Américas definen la estrategia estadounidense para asegurar recursos como motivo neo mercantilista para reabastecer su Reserva Estratégica de Petróleo que se verifica con el acuerdo anunciado en agosto de 2026 entre el gobierno estadounidense y las autoridades interinas venezolanas en el que se contempla el control mayoritario de reservas petroleras estimadas en más de 65.000 millones de barriles mediante una alianza con empresas privadas. La información difundida señala, además, que se otorgarían concesiones de largo plazo para explotar 17 campos petroleros.

El acuerdo ha sido cuestionado por sus implicancias sobre la soberanía venezolana, la legitimidad de la intervención estadounidense y el control privado de recursos estratégicos.

De la ortodoxia a la heterodoxia selectiva

Este es el marco en el que se desenvuelve la economía mundial. Mientras Estados Unidos, Europa y Japón abandonan parcialmente la ortodoxia neoliberal y adoptan políticas de intervención selectiva, varios países latinoamericanos —entre ellos el Perú— continúan aferrados a los principios del Consenso de Washington.

Ese enfoque prioriza la reducción del papel del Estado, las privatizaciones, la liberalización de servicios, la desregulación, la apertura comercial, la libre circulación de capitales, la disciplina fiscal, la competencia, la dependencia de proveedores externos y la reducción de costos laborales y regulatorios.

Los problemas que acompañaron a las empresas tecnológicas durante el estallido de las “punto com”, entre 1990 y 2000, fueron subestimados por gobiernos y bancos centrales. En ese momento predominaba la idea de que la desregulación financiera, el libre mercado y pequeños ajustes en las tasas de interés permitirían controlar los ciclos económicos.

La crisis financiera de 2008 demostró los límites de esa confianza. La expansión del crédito barato, la flexibilización cuantitativa y la compra masiva de bonos y activos financieros por parte de los bancos centrales contribuyeron a sostener la demanda, pero también trasladaron parte de la deuda y del riesgo financiero a los hogares.

Después de la pandemia, los bancos centrales combinaron políticas monetarias expansivas y restrictivas. Por un lado, subsidiaron o respaldaron sectores estratégicos para contener el avance tecnológico y comercial de China. Por otro, elevaron las tasas de interés para frenar la inflación, aun cuando el encarecimiento del crédito redujo la inversión y el consumo.

El viraje estadounidense representa, en buena medida, una reacción frente a la extrema financiarización de su economía. El poder del capitalismo industrial pasó progresivamente al capital financiero y, más tarde, a grandes plataformas tecnológicas que controlan infraestructura digital, datos y algoritmos. Esta concentración configura una dura y nueva etapa de la geopolítica económica y el establecimiento del neo feudalismo

La adopción de una heterodoxia selectiva permite recuperar instrumentos de política industrial mediante subsidios estratégicos, compras públicas, restricciones tecnológicas y protección de sectores considerados esenciales. Aunque las potencias continúan defendiendo retóricamente la libertad de mercado, sus políticas se alejan cada vez más de la concepción de Estado mínimo asociada con Milton Friedman y la Escuela de Chicago.

Friedman defendía un Estado limitado, con una intervención reducida en la actividad empresarial y sin políticas permanentes de subsidios, aranceles o protección industrial. Bajo esa influencia, en el Perú y en otros países se privatizó una parte significativa de las empresas estatales.

La ilusión del control inflacionario

Otro principio del monetarismo sostiene que la inflación puede controlarse mediante la regulación de la cantidad de dinero en circulación. En ese marco, los bancos centrales utilizan la inflación subyacente para separar determinados precios de la medición general.

La justificación técnica consiste en que los precios de los combustibles, la energía y los alimentos son muy volátiles y dependen de factores que la política monetaria no puede controlar: sequías, guerras, conflictos geopolíticos, interrupciones del suministro o decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Sin embargo, esta metodología puede crear una ilusión de estabilidad cuando la inflación general de los bienes esenciales aumenta mucho más que la inflación subyacente. Si los alimentos y la energía suben 10%, 15% o 20%, mientras los salarios crecen a un ritmo menor, el trabajador pierde poder adquisitivo aunque el indicador oficial permanezca dentro del rango meta.

La consecuencia es una transferencia silenciosa de riqueza. El salario nominal puede aumentar, pero el salario real disminuye cuando el costo de vida crece más rápidamente. Así, la política antiinflacionaria termina conteniendo las demandas salariales y evita que los costos laborales se incrementen, pero lo hace a costa de los trabajadores.

La respuesta tradicional de los bancos centrales consiste en enfriar la economía mediante el aumento de las tasas de interés. No obstante, una política centrada exclusivamente en la tasa de referencia difícilmente puede resolver problemas originados por shocks energéticos, cuellos de botella, estructuras oligopólicas o dependencia de importaciones.

El retorno del fujimorismo

A pesar de estos antecedentes, el retorno del fujimorismo al poder en el Perú durante 2026 revela, según esta perspectiva, una limitada capacidad para interpretar el entorno económico global. El nuevo gobierno insiste en repetir la experiencia de la década de 1990 y mantiene desde el Ministerio de Economía y Finanzas una orientación neoliberal que continúa confiando en la liberalización, la disciplina fiscal y el control monetario.

El Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva parecen actuar nuevamente bajo una lógica de coordinación centrada en la estabilidad de precios, aunque los problemas inflacionarios tengan componentes estructurales. La subida de los combustibles, por ejemplo, afecta toda la cadena económica y no puede resolverse únicamente con aumentos de la tasa de interés, atraso cambiario o subsidios temporales.

El problema se agrava porque los recursos estratégicos del país se administran bajo estructuras corporativas surgidas de las privatizaciones realizadas durante el primer fujimorismo. En lugar de fortalecer una estrategia nacional de industrialización, esas decisiones favorecieron la participación de capitales externos y consolidaron un modelo en el que el Perú exporta materias primas e importa bienes con mayor valor agregado.

El intento del denominado “fujimorismo 2.0” de flexibilizar el mercado laboral resulta especialmente riesgoso en un país con altos niveles de informalidad. Reducir indemnizaciones, facilitar despidos o debilitar la protección del empleo formal disminuiría el ingreso disponible y afectaría el poder de compra de los hogares.

En esas condiciones, las micro y pequeñas empresas podrían ingresar en una fase aún más crítica. La economía perdería demanda interna, el empleo se precarizaría mucho más y aumentaría la probabilidad de una recesión con mayor informalidad.

La flexibilización laboral funcionó en algunas economías asiáticas porque estuvo acompañada por una política agresiva de industrialización, inversión pública, desarrollo tecnológico, capacitación y promoción de exportaciones. No se trató simplemente de reducir derechos laborales, sino de crear sectores productivos capaces de generar empleo formal y salarios crecientes.

El fujimorismo, en cambio, desaprovechó la oportunidad de insertar al Perú en las ligas mayores de la competitividad global. No desarrolló una industria manufacturera pesada ni una base tecnológica capaz de transformar la estructura productiva del país. Como resultado, se mantuvo un esquema primario-exportador basado en la minería, la agroexportación, la pesca y los servicios de baja productividad, como el comercio y el transporte.

Sin innovación ni política industrial, el modelo extractivo se perpetuó y los salarios permanecieron y continuan estancados.

Financiarización de la pobreza

Al mismo tiempo, el fortalecimiento del sistema financiero terminó ocupando el espacio que no pudo cubrir la industria. Con el correr del tiempo, diversas instituciones financieras fueron vendidas o integradas en conglomerados vinculados con grupos empresariales de quienes participaron en la construcción del modelo neoliberal.

En un país sin una base industrial sólida y con escasas oportunidades de empleo de calidad, el capital encontró una fuente de rentabilidad no en la producción, sino en el endeudamiento de una población precarizada. Esta dinámica puede describirse como una financiarización de la pobreza.

El problema se agrava por la concentración del sistema bancario. Un reducido número de entidades controla una parte importante de los créditos y depósitos, mientras participa directa o indirectamente en sectores como las importaciones, los alimentos, las cadenas de supermercados, el comercio minorista, la industria farmacéutica, los seguros, los centros comerciales y la construcción. Al dejar de lado el desarrollo manufacturero peruano que se estuvo gestando aunque tarde con el modelo de sustitución de las importaciones se frenó el ingreso de una banca con mayor capacidad económica que hubiera competido abaratando los costos actuales de las altas tasas que mantiene  el mercado financiero.

La integración vertical en todas estas actividades de la banca reduce la competencia y permite que los grandes conglomerados amplíen su poder económico. En este contexto, las tarjetas de crédito y los préstamos de consumo se convierten en instrumentos para refinanciar de manera permanente las deudas de los hogares.

El resultado es una economía en la que el crédito sustituye al crecimiento de los salarios. Las familias consumen mediante endeudamiento, mientras las tasas de interés permanecen elevadas y la capacidad de pago se deteriora.

A este problema se suma una política cambiaria que, durante largos periodos, ha mantenido un tipo de cambio desfavorable para la producción nacional. Un sol artificialmente fuerte abarata las importaciones, pero reduce la competitividad de las exportaciones y limita el desarrollo industrial.

El Perú enfrenta así una contradicción central: las principales potencias económicas están recuperando instrumentos de política industrial, mientras el país continúa aferrado a un modelo que privilegia la extracción de recursos, la importación de bienes y la rentabilidad financiera.

El supuesto milagro económico fujimorista reaparece, por tanto, no solo sin una estrategia productiva clara,también sin nada que permita a los peruanos avizorar un real cambio en el sistema económico, educativo, sanitario, de salubridad como pilares de desarrollo social, peor en el sistema judicial, político, electoral e institucional en general que actúan en conjunto como un engranaje de fortalecimiento de la debilitada democracia, a la vez de la falta de capacidades para combatir la delincuencia y el sicariato que frenan la implementación de nuevas actividade económicas y de sostener las existentes   como soportes para el desarollo económico. No ofrece una respuesta convincente frente a la nueva competencia tecnológica, la disputa por los minerales críticos, el proteccionismo global, la transición energética ni la precarización laboral.

Más que una renovación, el retorno del fujimorismo representa la repetición de una fórmula que ya demostró sus límites: estabilidad macroeconómica sin transformación productiva, crecimiento sin industrialización y rentabilidad financiera sin bienestar general.

A esta repetición de las políticas de la década de 1990 se suma la decisión de mantener una política de endeudamiento fiscal permanente, sin recuperar los más de 27.000 millones de soles que diversas empresas adeudan al Estado peruano con una gran parte de esta judicializada, ni interés por impulsar una verdadera reforma tributaria integral que permita reducir los déficits fiscales crónicos que disminuyen los ingresos disponibles del Tesoro al aumentar la necesidad de financiar el gasto mediante deuda limitando la capacidad de invertir en infraestructura, salud, educación y políticas productivas generando a la vez  una ventaja injusta para las empresas que incumplen frente a quienes sí pagan al mantener exoneraciones tributarias a diversos sectores entre ellos la agricultura de exportación.

En lugar de fortalecer la administración tributaria, combatir la evasión de los grandes contribuyentes y revisar los beneficios fiscales injustificados, el Estado corre el riesgo de concentrar sus esfuerzos en los micro y pequeños empresarios y en las personas naturales, bajo el argumento de incrementar la recaudación.

Esta estrategia no solo resulta deficente, sino que también lleva a debilitar aún más la actividad económica formal, reducir el consumo y agravar la precariedad laboral. El verdadero desafío no consiste en perseguir a quienes apenas sobreviven en la informalidad o sostienen pequeños negocios, sino en construir un sistema tributario progresivo, eficiente y capaz de recaudar de quienes concentran mayores ingresos, patrimonio y poder económico.

Los espero en el siguiente artículo:

“BCRP: 36 años de estabilidad monetaria a costa de la productividad y el empleo”

Juan Távara B.

Analista económico, automotriz y de tendencias sectoriales.

www.efectoambiental.org

Responsabilidad global

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